La Reforma Rural Integral Del Acuerdo De Paz ¿beneficiará realmente a los campesinos?

Nacionales

Se acerca el 2 de octubre, fecha en la que el pueblo colombiano, haciendo uso del mecanismo participativo establecido en la Constitución Nacional, irá a las urnas para manifestar su aprobación o desaprobación con el acuerdo final de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

 

Informe especial.

En una sola pregunta, los ciudadanos decidirán lo establecido en un documento de 297 páginas y cuatro años de diálogos con la guerrilla. “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Con esta simple pregunta se decidirá el destino de todo un país. Es necesario aclarar que esta decisión no se refiere a si se quiere la guerra o no, tal como se ha polemizado en las redes sociales. El motivo de esta consulta es conocer si el pueblo acepta o no lo plasmado en las 297 páginas del acuerdo.

Tampoco se puede hablar de paz como tal, pues el documento recoge el resultado de las negociaciones de un solo grupo guerrillero, en este caso las FARC, dejando pendiente el proceso con el ELN, las Bacrim y otros grupos al margen de la ley.

Es por eso que en una serie de especiales, Día a Día presenta a sus lectores un análisis objetivo concienzudo del acuerdo para que sean ustedes quienes, después de conocer las dos caras de la moneda, tomen la decisión que consideren conveniente, aclarando que este medio no adopta una postura a favor ni en contra del acuerdo y que la información aquí consignada es producto de un serio análisis periodístico.

En este primer especial traemos el primer punto del acuerdo, que habla sobre la Reforma Rural Integra (RRI), que tiene cuatro pilares fundamentales:

Dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y el uso de la tierra. Eso significa distribuir tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente mediante un gran Fondo de Tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. Para ello, El Fondo se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados.

Establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los territorios más necesitados, que coordinen unas grandes intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación.

Planes nacionales en todo el mundo rural que deberán lograr en una etapa de construcción de paz una reducción radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural, integrar las regiones al país y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo.

Seguridad alimentaria y nutricional: todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y a una mejor nutrición, en especial de los más pobres. Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los pilares tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y contarán con una perspectiva de género y enfoque diferencial. Su efectividad, transparencia y buen desarrollo dependerá de la amplia participación de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento.

Puntos A Favor:

Al tener la Reforma Rural Integral como primer punto de la agenda, tanto el Gobierno como las Farc admiten que el área agrícola es una de las columnas de la economía, la estabilidad social y política del país y que al dejar de ser una de las manzanas de la discordia, abre una puerta importante para el establecimiento de una paz real y duradera, si se basa en el principio de la equidad.

El acuerdo se convierte en una buena oportunidad para poner en marcha medidas que busquen implementar una política agraria que le sirva al país para aumentar la productividad del sector agrícola y reducir la brecha entre el campo y la ciudad.

El acuerdo no solo persigue la productividad agraria, sino que contempla aspectos importantes que necesita el campo colombiano para ser productivo, como la infraestructura vial y la tecnificación.

El acuerdo reconoce el importante papel que la agricultura familiar cumple en el desarrollo del campo, la generación de ingresos rurales y la producción de alimentos, por lo que habla de estímulos y apoyos en materia de asociatividad, asistencia técnica, crédito, mercadeo, formalización laboral y protección social

Puntos en contra:

Debido a que los puntos tratados en el acuerdo ya hacen parte de la política agraria vigente, queda la sensación de que el Estado de alguna manera reconoce que ha fallado en implementar las medidas que ya había tomado en el pasado para solucionar el problema del agro.

Si bien el Fondo de Tierras cuenta con los terrenos obtenidos por extinción de dominio y su retorno a los dueños originales, es decir los campesinos, no explica de manera clara quiénes serán los encargados de determinar la extinción de dominio, ni tampoco de qué manera se establecerá la repartición de estas tierras a los beneficiarios.

Se abre una puerta para que algunos “avivatos”, empresas y terratenientes aprovechen la oportunidad de hacerse a más tierras dejando por fuera a los verdaderos beneficiarios, al no aclarar desde el acuerdo cuáles serán los mecanismos de control y transparencia.

El acuerdo no es claro sobre qué pasará con las tierras que fueron adquiridas ilegalmente por el grupo guerrillero, si serán devueltas a los dueños originales, bajo qué parámetros y en qué lapsos de tiempo.

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