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¡Cae Plan de Ordenamiento Territorial de Fusagasugá!

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El tribunal  de los Contencioso Administrativo de Cundinamarca “amparó el derecho de interés colectivo a la moralidad administrativa”, y suspendió el Decreto 120 del 2.007, proferido por el alcalde de la época, César Jiménez Rubiano, el cual cambió el uso del suelo permitiendo desarrollar varios complejos urbanísticos levantados en zonas protegidas, de utilidad pública o institucionales. La decisión, cuyas consecuencias son impredecibles, deja vigente la ley municipal 029 del 2.001.

 

Para la citada instancia judicial el procedimiento utilizado hace algo más de cinco años violó lo dispuesto en la Ley 388 y sus Decretos reglamentarios, relacionados con la forma como pueden ser modificados los P.O.T, pasos que no fueron observados en este caso.

La noticia, sobre la cual se tenía conocimiento pero no había sido plenamente confirmada, fue ratificada por el Veedor, órgano de difusión de las veedurías de Fusagasugá en su primera edición del mes de noviembre. Ese organismo, la Veeduría ciudadana, a través de Clima Pinilla Poveda y Fabio Hernández Cubillos, presentaron la demanda cuyos resultados les fueron comunicados oficialmente según se deduce con la publicación.

Al hacer referencia al caso, citando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dice que la decisión en segunda instancia “ Amparó el derecho e interés colectivo a la Moralidad Administrativa vulnerado por el entonces alcalde César Jiménez Rubiano al expedir  el decreto Municipal 120 de 2.007, con el cual modificó  el Acuerdo Municipal 29 de 2.001, Plan de Ordenamiento Territorial, POT”.

Agrega que la decisión de esa la instancia “seguramente va a generar impredecibles consecuencias por cuanto, al amparo de  de este Decreto se realizaron varios proyectos de desarrollo urbanos que presuntamente están la margen del ordenamiento jurídico”.

A renglón seguido indica que “el hecho de que se ampare el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa lleva implícito que la actuación administrativa de proferir el Decreto violando la Ley, se hizo de mala fe favoreciendo a particulares, es decir, para beneficiar a algunos urbanizadores con el cambio del uso del suelo que, por su puesto, obtuvieron jugosas ganancia por este hecho”.

Irregularidad?

En ese entonces el mandatario de turno, Jiménez Rubiano, presentó el proyecto para que se reformara el Plan de Ordenamiento Territorial pero el Concejo Municipal, en realidad, lo negó teniendo en cuenta lo previsto para este tipo de trámites.

La propuesta, aparentemente, no superó las pruebas legales teniendo en cuenta que en Comisión Primera de la Corporación, encargada legalmente de su evaluación, la votación registró empate en dos oportunidades, lo que a la luz de la ley se configura en negativa automática, es decir, que en realidad se pronunció al respecto como lo planteó la demanda y aceptó el Tribunal de Cundinamarca.

Sin embargo el ejecutivo local se acogió al supuesto de que el Concejo no se había pronunciado y procedió a reformar el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante Decreto, habilitando amplias zonas protegidas facilitando el desarrollo de varias urbanizaciones.

A raíz de esa decisión fueron levantados complejos habitacionales como Palmas de Upanel sobre terrenos institucionales –ubicado en la Avenida las Palmas entre del antiguo Club de Telecom y la Panamericana, y el mismo Bosques del Oriente impulsado por la administración local en la antigua Hacienda el Cóndor, lotes estos que habían sido destinados para desarrollar obras de interés común como universidades, centros de recreación, sedes administrativas  o parques.

Otro tanto habría ocurrido en los predios en donde hoy se encuentra Almacenes Éxito aunque sobre este caso en particular se procedió a través de mecanismos diferentes, pero en todo caso contrariando las disposiciones correspondientes según se deduce de la anterior decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Normas.

Ocurre que la Ley 388 establece que los Planes de Ordenamiento Territorial solo pueden ser modificados en dos casos: primero,  luego de 3 períodos constitucionales del alcalde, lo que quiere decir que solo puede modificarse a partir del 2.013 teniendo en cuenta que fue aprobado en el 2.001.

Segundo, también puede ser ajustado en razón a episodios de fuerza mayor o fortuitos bien justificados, acompañados de  argumentos técnicos sumamente exigentes. En criterio del Tribunal las dos condiciones no se dieron.

El Artículo 26 de la citada Ley 388 en lo relacionado con  la “Adopción  de los Planes” dice: “Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial sin que el Concejo Municipal o Distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto”.

Sobre este precepto  el alcalde de la ápoca, César Jiménez Rubiano, sustentó su decisión de adoptarlo por Decreto – 120 de 2.007-­, sin tener en cuenta lo ya referido: que en realidad el Concejo lo negó al registrar empate en las dos votaciones en Comisión Primera, asunto que motivó la querella y sobre la cual acaba de pronunciarse el Tribunal de Cundinamarca.

Más adelante la misma disposición, en el Artículo 28, hace referencia a los plazos  en los cuales pueden presentarse las modificaciones a los Planes de Ordenamiento territorial, aclarando cómo puede procederse en esa dirección.

“El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este efecto se entenderá como mínimo el correspondiente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, teniendo cuidado en todo caso de que el momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas administraciones”.

Esto quiere decir que el Plan de Ordenamiento Territorial solo puede modificarse, en su totalidad, a partir del año que viene considerando que fue aprobado en el 2.001.

Sin embargo la disposición acepta cambios parciales pero bajo condiciones especiales, figura a la cual se remitió Jiménez Rubiano pero incurriendo aparentemente en las fallas ya mencionadas.

Conocido ya el fallo sobre el particular no se sabe que pueda originarse a partir  de ello; algunas fuentes  consultadas por noticiasdiaaadia.com estiman que podrían venir nuevas demandas cuyos desenlaces hoy son difíciles de anticipar.

Lo que sí parece ser claro es que  en adelante y una vez sea notificado oficialmente el fallo al Municipio, tendrá que ser tomando como referencia en Acuerdo 029 del 2.001 para todo lo relacionado con proyectos urbanísticos principalmente.

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