Audiencia de imputación de cargos contra ex Rector de la Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá

El Juez Segundo Penal de Fusagasugá con funciones de garantías desestimó la posibilidad de dictar medida de aseguramiento intramural contra Adolfo Polo Solano, al concluir en las últimas horas la diligencia de imputación de cargos dentro del caso originado por demanda de la Contraloría departamental.  Ahora, de acuerdo a los trámites de la justicia, el asunto pasará a manos del Juez que tomará decisión final.

 

La Fiscalía, tomando argumentos de la Contraloría de Cundinamarca, lo acusa de presunto peculado por apropiación y firma de contrato sin el lleno de los requisitos en cuanto a la negociación que hizo con el abogado César Augusto Moya Colmenares en el 2.005, para que éste adelantara una reclamación de dineros que el departamento había dejado de transferirle por años a la UdeC y que en ese momento alcanzaban los $12 mil millones.

A fin de iniciar la reclamación las partes pactaron, en primera instancia, el pago de $5 millones de pesos bajo la figura de “gastos administrativos”, en decir para cubrir los primeros costos de fotocopias y de desplazamientos del abogado de la Universidad; hasta acá también, según se entendió, se daría margen –como se dio- para  medir las posibilidades del pleito.

Como estrategia, según explicó Polo Solano, proyectaron adelantar una negociación directa con el gobernador de entonces, Pablo Ardila, para que, a cuotas o como le quedara cómodo al departamento, cancelara la deuda.

La fórmula fue rechazada por éste y, entonces, la Universidad, si  otra alternativa agotados los recursos iniciales, decidió acudir a la demanda; en razón de ello, conforme a los mismos argumentos del ex Rector y del abogado Moya, determinaron el pago de honorarios iguales al 10% de los que ordenara pagar la justicia los cuales se encuentran dentro de los términos previstos legalmente para este tipo de servicios profesionales según subrayaron.

Otra cosa estima la Contraloría que observa cómo fueron suscritos varios “otros si” en sucesión de modificaciones que despertaron suspicacias dentro de los organismos de vigilancia hasta el punto que decidieron presentarlo ante los estrados judiciales.

Todo lo anterior llevó a que finalmente el abogado recibiera como honorarios algo así como $16 mil millones de pesos, suma que para algunos resulta exagerada y por fuera de los parámetros normales.

El hecho es que inicialmente se había calculado que la Universidad de Cundinamarca podría reclamar $12 mil millones –lo cual quiere decir que el abogado recibiría cerca de $1.200 millones-, pero en virtud del pleito y de los alegatos del apoderado la deuda del departamento se incrementó a $160 mil millones de pesos sumados intereses y otras arandelas legales -de ahí los $16.000 millones de honorarios para el abogado correspondientes al 10% de la deuda total ordenada por la justicia-.

Como parte de esos pagos la UdeC recibió Cercún entre otros bienes inmuebles.

Las primeras inquietudes sobre el monto de los honorarios al mencionado abogado se conocieron a través del Ministerio de Educación en octubre del 2.015. (Ver: “Universidad de Cundinamarca no está en crisis”, Adolfo Polo. )

Hoy en concreto el Juez de Garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el ex rector  Adolfo Polo Solano aunque fijó algunas condiciones: que no saliera del país y que se abstuviera de acercarse a cualquier sede de la Universidad de Cundinamarca.

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