Secretaria de Gobierno Fusagasugá sale mal librada en control político del Concejo.

Fusagasugá

Tal parece que los esfuerzos de la secretaria de Gobierno para sacar adelante su gestión en los primeros cinco meses desde su posesión no son suficientes para la comunidad y mucho menos para el Concejo Municipal, quienes exigieron acciones reales a temas álgidos como seguridad, espacio público, control a establecimientos de comercio y ambiente laboral, en el debate de control político realizado el miércoles 26 de octubre.

 La jornada que dio inicio a las 9:00 am tuvo una nutrida asistencia por parte de la comunidad. Representantes de diferentes sectores se reunieron en la sala del Concejo para exigir respuestas. El lleno fue total y el ambiente desde el inicio se percibió tenso. 

En una larga sesión que duró más de 6 horas, los concejales fueron uno a uno exponiendo sus argumentos y pidiendo explicaciones satisfactorias. Previamente habían enviado un cuestionario de 38 preguntas a la funcionaria con los temas a tratar pero todos coincidieron en que las respuestas fueron vagas, llenas de evasivas y sin fundamentos sólidos. 

El concejal Gabriel Escobar arrancó su intervención señalando que se había asignado un presupuesto de  74 millones de pesos aproximadamente para capacitación, dotación y apoyo técnico a la Junta Administradora Local y juntas de acción comunal. De este rubro se registró un gasto de 66 millones en supuestos programas de capacitación que según los líderes comunitarios no se han visto. 

Ambiente laboral: maltrato a funcionarios?

El mismo parlamentario dio a conocer una comunicación anónima de un funcionario de la secretaría, en la que acusaba a la secretaria Figueredo de propiciar un mal ambiente laboral, maltratar a sus subalternos e incluso tildarlos de ladrones. 

Los concejales reprobaron esta conducta y señalaron que no es posible realizar una administración efectiva si no se crea un clima laboral adecuado. Incluso Blanca Yoly Reyes manifestó que el simple hecho de existir una carta anónima demuestra miedo y desconfianza para tratar directamente asuntos que pueden resolverse hablando. 

Seguridad, rajada

Una de las mayores preocupaciones es la inseguridad, que se ha disparado en los últimos meses en la ciudad. Varios líderes comunales aseguran que en sus sectores los robos, atracos a mano armada, intentos de homicidio y proliferación de bandas dedicadas a la venta y consumo de estupefacientes es cada vez mayor. Las comunas sur, suroriental, nororiental son las más afectadas y argumentan sus representantes que la presencia de la policía es casi nula y obviamente a la secretaria jamás se la ve por esas zonas. 

Este flagelo se ha trasladado al sector rural, donde cada vez se detectan más casos de robo de ganado, tierreros, extorsiones, sin que la administración local haya tomado acciones efectivas y oportunas. El mayor John Jairo Linares, comandante del Batallón de Infantería Sumapaz, explicó que la protección de las zonas rurales pertenece a su jurisdicción, pero en este momento no se cuenta con personal suficiente para atender los 12 municipios asignados a esta unidad.

Pero mientras los temas de seguridad se recrudecen, los 87 policías con los que cuenta la fuerza de seguridad del municipio, los cuales deben distribuirse en turnos de 30 a 35 efectivos cada uno, han tenido que trabajar casi que con las uñas, pues las gestiones para solicitar más pie de fuerza, proveer el combustible y otros elementos para el desempeño del personal y que corresponden a la Secretaría de Gobierno han llegado muy tarde o no se han visto. Y es que todos coinciden en que el número de policías no es suficiente para una ciudad que ya cuenta con casi 160 mil habitantes, tal como lo corroboró el comandante de distrito de la Policía Nacional, mayor Edgar Blanco. 

Incluso, los parlamentarios pidieron aclaración sobre los 77 millones de pesos que se aprobaron para la compra de un vehículo de traslado de internos para el Inpec y que hasta el momento no se ha comprado. Algo similar pasa con el equipamiento de la cárcel que actualmente sufre de hacinamiento.

Las concejales Marcela Alvarado y Luz Fany López exigieron respuestas respecto al Hogar de Paso donde se llevan los menores de edad que infringen la ley, pues está en mora la adecuación de la UPJ que cumpliría con este fin y con el control de otros delitos menores. En este punto la contestación tampoco fue satisfactoria, lo que aumentó el malestar entre los presentes. Alvarado incluso recordó que hace unos meses la secretaria informó que en la licitación solo se presentó una fundación pero no cumplió los requisitos pero después de eso la oficina no volvió a realizar otra gestión.

Los frentes de seguridad en los barrios también están desatendidos. Algunos concejales anotaron que se habían creado 11 nuevos frentes y consolidado 47 existentes, pero que en este momento están a punto de desaparecer por falta de apoyo.

Espacio público, invadido

Otros dolientes son los comerciantes de la plaza de mercado, quienes están viendo como el espacio público se ha venido ocupando cada día con más y más vendedores informales. Esto ha traído varios problemas, el primero de ellos la formación de delincuencia organizada en el sector y la vertiginosa caída en las ventas dentro de la plaza de mercado, para quienes sí están organizados y cumpliendo con la ley. 

Según representantes de la plaza, la Secretaría de Gobierno no ha atendido sus peticiones de manera oportuna ni tomado las acciones legales pertinentes, pese a que existe una sentencia producto de una acción popular del 2011 en la que se le ordena a esta oficina reubicar a los vendedores callejeros e impedir la proliferación de los mismos. 

El concejal David Peñalosa añadió que la invasión al espacio público se trasladó incluso a zonas como el barrio Potosí, el Camellón del Comercio, la Calle 10A entre carreras 7 y 8, entre otras.

Lo más preocupante es que para la recuperación del espacio público se destinaron 94 millones de pesos que al parecer, fueron utilizados en la contratación de 8 funcionarios, contratos que rondan los 11 millones de pesos cada uno. También el que la secretaría solicite más recursos para reubicación, cuando no se han ejecutado 60 millones disponibles para este fin.

Establecimientos de Comercio, sin control

Otro punto que sonó en el debate fue la falta de control a los establecimientos de comercio, que han aumentado significativamente violando todas las normas, sin que hasta el momento se vea un control efectivo de la Secretaría. 

Representantes de la comunidad enfatizaron en la fuerza que han tomado los establecimientos nocturnos en sectores residenciales y consumo de licor y alucinógenos en espacios públicos, sin que existan acciones concretas para frenar este problema. 

Corregimientos e Inspecciones, amenazados

Los corregimientos e inspecciones también se quejaron, pues pese a que existe un rubro de 10 millones de pesos para adecuación tecnológica de estas oficinas, la mayoría no cuenta con elementos mínimos de funcionamiento como mobiliario, computadores ni impresoras, por lo que los funcionarios tienen que realizar los documentos a mano. 

La mayor preocupación radica en las amenazas que han recibido algunos corregidores, como es el caso de la encargada de la comuna oriental, que fue amenazada de muerte, ya fue víctima de hurto y aunque pidió protección policiva dentro del horario laboral, aún sigue expuesta a posibles ataques. 

Otras perlas

Pero las quejas no pararon aquí. Los concejales Luz Fany López y Gerardo Rocha por ejemplo, exigieron explicación sobre el alquiler del parque Max Aya a eventos de personas ajenas al municipio por sumas que iban desde los 600 mil hasta los 6 millones de pesos por espacio, desplazando a los vendedores informales que normalmente trabajan allí, mientras que se niega a prestar el parque para eventos locales. López incluso mencionó al señor Mauricio Polanco, quien se sabe vende los espacios para que personas foráneas realicen eventos en el parque. 

También se le reclamó que a la fecha solo exista una trabajadora social para las dos comisarías existentes dando como resultado más de 300 procesos represados, que no se haya contratado apoyo para esta entidad ni para los corregimientos. 

La secretaria se defiende

Al turno de la secretaria de gobierno, Shirley Figueredo enfatizó que si bien ella ha hecho todos los esfuerzos para hacer una gestión eficiente, la falta de personal hace muy difícil su labor y se tienen muchas dificultades en la contratación de nuevos profesionales, porque algunos de los rubros disponibles no están asignados para este objeto o porque están detenidos desde hace meses en la oficina jurídica. 

A su llegada a la secretaría, Figueredo se encontró con 789 procesos pendientes para el sello de establecimientos comerciales pero no cuenta con el personal suficiente para evacuarlos. 

Aunque fue advertida de un posible desacato al no cumplir con la sentencia que obliga  a despejar el espacio público en la plaza de mercado, la secretaria aclaró que la sentencia obliga a reubicar a los vendedores, no a sacarlos y que su oficina no puede obligar a estas personas a moverse si no es su deseo porque sería objeto de sanciones disciplinarias por uso indebido de la ley.

Respecto al alquiler del parque Max Aya a personas ajenas al municipio, aclaró que el evento mencionado se le alquiló al señor Polanco, quien es fusagasugueño. 

Hablando de la denuncia anónima por maltrato laboral, la funcionaria desmintió estas afirmaciones y recalcó que en ningún momento ha tratado a su personal de ladrones, aunque sí denunció que se interpusieron 6 demandas penales por documentación hurtada de su despacho, de seis procesos relacionados con establecimientos de comercio. Además manifestó que a todos los contratistas se les pagan sus honorarios puntualmente, salvo en el caso de dos abogados a los que se les retuvo el pago porque al finalizar su contrato tenían correos y llamadas pendientes por responder de hasta tres meses atrás.

La secretaria dice estar muy preocupada con la situación de los corregimientos, pero explicó que no puede hacer compras de computadores, por ejemplo, por cuenta propia, pues el procedimiento regular le exige aportar los 10 millones de pesos disponibles para este fin a la bolsa de las Tics, que es la que realiza esta labor. Tampoco puede, según ella, poner protección exclusiva a los corregidores las 24 horas del día porque no tiene personal disponible, pese a que la solicitud fue hecha solamente por las 8 horas de la jornada laboral de la corregidora en riesgo. 

Figueredo es consciente de la problemática que vive la ciudadanía en cuanto a la seguridad, pero aclaró que su labor es administrativa y que por ello no cuenta con la ingerencia suficiente para minimizar este problema que compete a la fuerza pública. Aunque se recalcó sobre la importancia de que gestione el aumento del pie de fuerza, no fue clara respecto a este punto. 

Un caso que llama la atención está relacionado con el club nocturno Agua Bendita, que fue denunciado por la comunidad debido a la violación de normas y afectación de la tranquilidad y seguridad de los vecinos. En este punto, la funcionaria no dio mayor explicación pero hizo alusión a la manipulación de información de la que fue objeto hace algunos meses por parte del medio de comunicación Sin Censura, en la que fue editado un video en el que ella afirma que en Fusagasugá no pasa nada. “Nuevamente les digo, yo no dije eso”, afirmó y explicó que esta manipulación se dio porque un trabajador de el club nocturno es miembro del medio de comunicación. 

Al finalizar la larga jornada, el Concejo y la comunidad no quedaron convencidos de las explicaciones de la secretaria y le solicitaron acciones concretas y medibles de aquí al mes de marzo. 

Incluso los concejales Marcela Alvarado y Gerardo Rocha le sugirieron que dé un paso al costado y le de la oportunidad a otra persona que pueda realizar la labor en la Secretaría de Gobierno si no se siente capacitada para ello. 

Habrá que esperar nuevamente si Figueredo cumplirá con las exigencias del Concejo y la comunidad, o dentro de unos meses la ciudad tendrá un nuevo secretario de gobierno. 

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