Piden investigar contrato dudoso en el H. San Rafael de Fusagasugá.

Fusagasugá

Las  posibles irregularidades fueron presentadas ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de Cundinamarca por Control Interno de la institución, y tienen que ver con la orden de adecuación número 2398 de 2.014, suscrita entre el entonces gerente José Mauricio Álvarez Torres   y la firma Tecniaceros Naf Ltda por valor de $445 millones, cuya suma se canceló sin tener en cuenta que los trabajos no fueron terminados. A pesar de la eventual anomalía las mismas directivas quisieron realizar algunas adiciones o ampliación al referido contrato con el propósito de adelantar obras ya previstas en la negociación inicial; mejor dicho querían ordenar pagos por  otros $136 millones por trabajos ya cancelados.

 

Informe especial.

Unidad Investigativa DaD.

En realidad los dineros -$445.284.869.oo-  fueron girados por la Gobernación de Cundinamarca  mediante convenio interadministrativo de desempeño con el Hospital San Rafael – Número 1363 del 2.013- con el propósito de adelantar obras civiles de adecuación de infraestructura de algunas áreas de los servicios de pediatría, obstetricia, cirugía general, urgencia, esterilización, radiología e imágenes diagnósticas y de otras áreas vitales; lo anterior dentro de la intención de elevar la calidad de la atención a los usuarios de Fusagasugá y el Sumapaz.

Para ejecutar el proyecto el Hospital San Rafael efectuó el contrato 2398 del 2.014  - 20 de noviembre- con la empresa Tecniaceros NAF Ltda por la suma ya mencionada para lo cual se firmó el acta de inicio el 10 de diciembre siguiente; significa que los trabajos debían entregarse el 10 de junio del 2.015 de acuerdo al plazo de seis meses establecido en el contrato.

Llegada esta última fecha las partes decidieron prolongar el contrato  hasta el 10 de noviembre del año pasado debido a que estos aún se encontraban visiblemente retrasados; tampoco se completaron las obras a ese día.  Pese a ello el 30  de diciembre del 2.015 se ordenó el último pago pendiente por valor de $133.006.383.oo para completar el valor total del contrato. (Observar cuadro siguiente)

El ordenador del gasto representante legal José Mauricio Álvarez Torres realizó el giro con base en los reportes entregados tanto por el supervisor del contrato y sub gerente del Hospital, Camilo Alberto Salazar Vásquez, y el interventor Mauricio Rubiano Velasco en su condición de representante legal de la Fundación Constructores Tejido Social a quién se le canceló la suma de $40 millones para que cumpliera esa misión la cual, como se deduce, no realizó. Estos certificaron que las obras habían sido recibidas a satisfacción asunto que faltaba a la verdad –ya se dijo que los trabajos no habían finalizado-.

Estas gráficas muestran el estado actual de las obras reportadas como terminadas.

Pero hay un aspecto delicado; originalmente debía cancelarse el contrato en tres contados: los dos primeros por valor de $133.875.000.oo y el último, finalizada la obra y recibida a satisfacción, por $177.534.869.oo; sin embargo, por razones aún no determinadas, las partes acordaron modificar el contrato -13 de noviembre- para realizar un anticipo de $44.528.486.oo giro que se efectuó  el 25 de ese mes del año pasado.

Ocurre que esto último fue hecho  irregularmente por cuanto los cambios al contrato fueron efectuados, como se indicó,  el 13 de noviembre, es decir tres días después de vencido el contrato lo cual no puede realizarse a la luz de las normas vigentes para este tipo de procedimientos o de contratación.

Hay más; parece ser que el gerente de la época José Mauricio Álvarez Torres había ordenado de palabra adelantar algunas obras adicionales las cuales no se encontraban dentro del contrato inicial.

Por ello este año, el 25 de febrero de 2.016, intentó suscribir un nuevo contrato con esta misma firma, Tecniaceros Naf Ltda, a fin, posiblemente, de cubrir los costos de estos trabajos que se convertían en hechos cumplido; el sub gerente por esos días, Camilo Alberto Salazar Vásquez, el 2 de enero de 2.016, expidió  disponibilidad presupuestal por valor de $136 millones y, poco después, el remplazo de éste, Germán Rodríguez Arévalo, extendió el registro presupuestal  para el día 25 de febrero de 2016, fecha en que José Mauricio Álvarez Torres debía firmar el nuevo contrato, el cual se proyectó y  elaboro por la parte jurídica y fue firmado por el contratista quien presentó sus pólizas de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales, entre otros, constatadas por la parte jurídica del hospital.

Sin embargo la eventual irregularidad, junto a las arriba mencionadas, fueron detectada por Control Interno del Hospital ante lo cual la gerencia se abstuvo de firmar el nuevo negocio; pese a ello solo hasta julio anterior, cinco meses después, fueron anulados los procedimientos financieros, de disponibilidad y registro presupuestal.

Por lo anterior y una vez analizado el caso Control Interno del Hospital decidió presentar el caso ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de Cundinamarca a fin de que se adelanten las averiguaciones del caso; los temores igualmente fueron comunicados a la actual gerente encargada de la institución cuya titular, Gladys Marcela Ulloa Valencia, también presentó el caso ante el Ministerio Público.

La anterior es copia de la solicitud de investigación a la Fiscalía.

 

 

La anterior es copia de la solicitud de investigación a la Procuraduría.

 

Los “malos olores” en la que fuera una de las instituciones más respetadas y sólidas de Cundinamarca hasta hace un poco más de una década, rondan hoy por los pasillos y oficinas encargadas de su administración.

Se sabe de otros casos de compras y contratos que ofrecen algún grado de duda y que necesariamente deben ser aclarados; uno de ellos es el relacionado con las órdenes de prestación de servicios para proveer de personal a unidades como urgencias asunto sobre el cual la prensa ya había dado cuenta. (Ver: Hospital San Rafael de Fusagasugá: ¿Lo está consumiendo la corrupción? )

Despierta suspicacias el hecho de que por ello hasta comienzos de año pasado se pagaba la suma de $159 millones pero luego, el mismo gerente en referencia es decir José Mauricio Álvarez Torres, firmó un nuevo contrato elevando su valor a $264 millones – $105 millones más- y este año, ya a manos de la gerente encargada Gladys Marcela Ulloa Valencia, pasó a tener un costo de $350 millones. Quiere decir que el mismo servicio, en poco más de un año, experimentó aumentos por el orden de los $200 millones.

Pese a esos incrementos en cuanto a los costos de personal con lo que se esperaría mejor atención a los usuarios, estos siguen igual o peor según se desprende de las informaciones conocidas a través de las redes sociales. Uno de esos casos se observó en los últimos días ante la presencia de largas filas de pacientes esperando proveerse de una cita médica especializada.

En cuanto al último contrato se detectó otra duda; ocurre que la gerencia actual encargada del Hospital San Rafael local y sus asesores jurídicos no tuvieron en cuenta que la representante legal de la firma contratista solo tiene facultades para suscribir contratos hasta por 300 salarios mínimos - igual a $206.836.200.oo-,  pero esta vez firmó por valor de $350 millones lo cual podría significar que podría haber violado los topes.

Mejor dicho; parece ser que la nueva empresa contratada para proveer el personal necesario en varias unidades solo tiene un patrimonio de $5 millones, es decir que no ofrece garantías para cumplir sus delicados compromisos. Este es otro material en manos de la Unidad Investigativa de Noticias Día a Día.

Todo lo anterior ocurre en medio de una muy débil y precaria  atención a los usuarios de Fusagasugá y el Sumapaz que hoy ven impotentes como el Hospital San Rafael está enfrentando serios problemas muy posiblemente originados por la corrupción.

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