¡Salvavidas de la Corte Constitucional al Páramo del Sumapaz!

Fusagasugá

Una luz de esperanza que garantizaría la protección de la considerada más rica  e importante reserva de agua del planeta, comenzó a observarse tras el histórico fallo de la Corte Constitucional en el cual fija una serie de condiciones que priorizarían el interés general al de las empresas y particulares, e incluso el gobierno,  interesados en la explotación minera y utilidades económicas. Los alcances del fallo aún no han sido plenamente medidos pero, en términos generales, si  constituyen  un argumento que permitiría limitar las afectaciones ambientales.

 

El nuevo escenario, aunque débil por la capacidad del gobierno en intervenir, manipular  y maniobrar para alterar decisiones como esta, por lo menos entrega espacios y nuevos plazos a fin de que las organizaciones sociales, ambientales y cívicas  puedan argumentar defensas en procura de proteger el Páramo de Sumpaz y otros a lo largo y ancho del país.

Para la Red de Veedurías del Sumapaz, la celebración tiene sus reservas precisamente por lo último advertido, según explicó su presidente Clímaco Pinilla Poveda.

Como se sabe la firma canadiense, Alange Energy Corpo  se encuentra interesada en explotar potenciales pozos petroleros en el área del Páramo y sus frágiles zonas de influencia. Para expertos, analistas, científicos e investigadores ello podría ser una “puñalada letal”  a la mayor riqueza en materia ecológica que literalmente arrasaría con las fuentes subterráneas y superficiales de agua.

En los últimos meses esa poderosa empresa  ha venido desarrollando una especie de socialización de su proyecto en todos los municipios de la Región del Sumapaz, en una maniobra que busca “cumplir” con lo de Ley a fin de eliminar  obstáculos legales exigidos por las normas nacionales.

Otras voces con tonos de triunfo y satisfacción se escucharon dentro del grupo de congresistas que demandó varios artículos del Plan de Desarrollo Nacional, sobre lo cual acaba de pronunciarse la Corte Constitucional.

En términos generales las decisiones sobre autorizaciones para explotación minera en los municipios serán adoptadas por los alcaldes y no por el gobierno nacional a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como lo propuso y aprobó el Congreso. El temor es que éstos caigan en espacios corruptos.

Algo ruidosos han sido los pronunciamientos de los parlamentarios del Polo Democrático que impulsaron la demanda en cuestión.

Iván Cepeda, senador de esa colectividad, alertó sobre las “maniobras” que el presidente Juan Manuel Santos pueda impulsar para hacer cambiar el fallo del Alto Tribunal.

“Le decimos al gobierno y a sus bancadas que no se vaya a inventar ahora un mecanismo para, sobre la base de la decisión de la Corte, crear nueva legislación o resoluciones que intenten hacerle un esguince a lo que ha dicho la Corte, queremos decirle que no vaya a reducir ahora el área de los páramos para poder salvar esa explotación que se está haciendo ya”, observó enfáticamente el congresista.

Estimulado por este logro también comentó que el Plan de Desarrollo “se vuelve más un plan de negocios que un plan de defensa de los bienes del país”.

De momento la Casa de Nariño no se ha pronunciado pero seguramente lo hará en el curso de las próximas horas.

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