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Jue, Oct

Gobernación de Cundinamarca dejó vencer plazo para entregar carpetas de los carros de Zipa y Soacha.

Cundinamarca

Crónica de un litigio anunciado. En un extenso y profundo documento fechado el 2 de agosto pasado el Ministerio de Transporte se pronunció respecto a la indebida retención de la totalidad de las carpetas de los vehículos particulares matriculados en los municipios de Soacha y Zipaquirá. 

 

Informe Especial:

Unidad Investigativa DaD

La comunicación suscrita por el Director Nacional de Tránsito de Mintransporte no solo hace un detallado recuento  de todos y cada uno de los artilugios que la Gobernación de Cundinamarca ha sacado de las mangas durante más de un año para desconocer los derechos que estos municipios tienen sobre las carpetas de los carros que a diario circulan por las carreteras portando placas que tienen su nombre, sino que, además, anota con razón que “ por el contrario, lo que se observa es la negativa permanente de la Gobernación de hacer entrega de la documentación referida y de cumplir las instrucciones dadas por el Ministerio de Transporte, comportamiento que, si bien en un primer momento pudo tener justificación razonable, perdió todo sustento una vez expedida la Resolución 5755 de 2016.”

En otro capítulo de la novela de misterio en que el Gobernador de Cundinamarca ha convertido el cumplimiento de las leyes, resoluciones, disposiciones, e instrucciones de las máximas autoridades del sector transporte y los entes de control nacional, dando la impresión que este Departamento tiene algún tipo de indemnidad ante los códigos legales; la comunicación del Ministerio de Transporte finaliza exhortando nuevamente al Organismo de Tránsito de Cundinamarca a dar cumplimiento inmediato a la Resolución que determina el traslado de las carpetas de vehículos a los organismos de tránsito municipales de Zipaquirá y Soacha de manera inmediata.

Este medio informativo reportó en una entrega anterior de esta historia que la Procuraduría General de la Nación había conminado a la Secretaria de Movilidad departamental Jeimmy Villamil por medio de oficio fechado el 16 de agosto de 2017 a la entrega de las casi 200.000 carpetas.

La misiva del Ministerio Público de manera textual dice: “ procede comedidamente a prevenirles, por última vez, acatar las TRES (3) ÓRDENES IMPARTIDAS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA, la primera, por el Subdirector de Tránsito del Ministerio de Transporte, mediante radicado MT No. 20164200239681 del 31 de mayo de 2016 y las dos subsiguientes, por la Dirección  de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, mediante radicados MT Nos. MT20174200009531 del 16 de enero de 2017 y MT20171010308401 del 2 de agosto de 2017, y de esta forma DARLE CUMPLIMIENTO a la Resolución No. 5755 de 2016, proferida por el Ministerio de Transporte, con el fin de materializar las órdenes del traslado definitivo de las carpetas de vehículos a los organismos de tránsito de Zipaquirá y Soacha”.

Consulte en este enlace el texto completo de este documento.

Todo parece indicar que desatendidas las instancias de amable composición, el camino que queda para reivindicar los derechos de todos los ciudadanos que voluntariamente matricularon su carro en Soacha y Zipaquirá, tendrá los estrados judiciales como escenario.

Noticias día a día consultó la opinión de los alcaldes de Zipaquirá y Soacha a fin de obtener las reacciones de los mandatarios a quienes diariamente su comunidad les reclama por permitir que la Gobernación de Cundinamarca maltrate sistemáticamente la autonomía legal que el Código Nacional de Tránsito les entregó cuando consiguieron buenamente independizar su tránsito del monopolio privado que ostenta el poder dentro de las concesiones que operan en Cundinamarca y Bogotá.

Sobre este asunto el Alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez, manifestó en entrevista con este medio: “yo he querido llevar la situación de una manera lo más amable; finalmente somos administración pública, compartimos las mismas dificultades y los mismo espacios de trabajo entre el gobernador y nosotros y uno lo que menos quiere (es) dañar el la relación con ellos, pero en ultimas ya nos va a tocar acudir  otro tipo de instancias porque ya no hemos tenido la  respuesta  que uno espera”.

Con la sentida queja respecto de la “total indiferencia” con que la Gobernación ha tratado el respetuoso reclamo que el municipio de Zipaquirá ha manifestado, la ruta a seguir, según el burgomaestre, será “esperar ese plazo ultimo y ya miraremos haber que hacemos, porque también nos corresponden la comunidad de Zipaquirá está atenta, yo ya no puedo alargar más la exigencia de ese derecho; finalmente ya es un derecho que tiene el pueblo zipaquireño, ni siquiera la administración, si no el pueblo de Zipaquirá”.

Esta la carta enviada por el Alcalde de Zipaquirá a la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca.

Se refiere el Alcalde al plazo que le fue otorgado por las autoridades a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca para entregar las carpetas, vencido   el pasado 31 de marzo. Como un “respetuoso último recurso”, más por cortesía que por requisito jurídico, la Alcaldía de Zipa radicó un derecho de petición ante la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca hace una semana para consultar cuando será la entrega real y material de las carpetas.

Según expertos en Derecho del Transporte consultados por Día a Día, el desarrollo que viene para el conflicto entre la Gobernación de Cundinamarca, las Alcaldías de Soacha y Zipaquirá, por cuenta además de la intervención del Ministerio de Transporte y la Procuraduría General, habrá de proceder por un lado con la apertura de procesos disciplinarios por la comisión (supuesta) de faltas gravísimas a los funcionarios que han incumplido sus deberes en la gestión, control y fiscalización del proceso de entrega de las carpetas de los carros zipaquireños y soachunos que el departamento  ilegalmente se llevó para Sibaté y Cajicá.

Por otro lado, los jueces darán como sentencia aquello que Mintransporte determinó hace tiempo como orden, la entrega de las carpetas como resultado de las acciones que sean interpuestas por los afectados o por el Ministerio Público.

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