Investigación penal contra ex concejales y ex Alcalde de Sibaté por presuntos peculado y prevaricato.

Cundinamarca

La apertura del proceso fue habilitada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha –con funciones de conocimiento- al encontrar fundamento en los argumentos de la demanda.  Tratarán de establecer si incurrieron o no en peculado por apropiación y prevaricato al autorizar el pago de una prima técnica en el 2.012.

 

Todos los aspectos y pormenores de las acusaciones se encuentran consignados en el expediente –referenciado como Noticia Criminal Nº C.U.I. 201200185- que será revisado este viernes 2 de junio a partir de las 9 de la mañana cuando se cumpla la Audiencia Preparatoria en etapa de Juicio Penal.

Compromete al ex alcalde Ramiro Orlando Ramírez Prieto  y los ex concejales periodo 2012-2015 Humberto Castro Esquivel, Agustín González Garavito, Gustavo Prieto Barreto, Angee Katherine Ramírez Loaiza, Jorge Albeiro Riaño Sánchez (Q.P.D.), Humberto Linares Zarate (Q.P.D.), Miguel Antonio Gil Ramírez, José Ramiro Páez Tequia, Jaider Augusto Velandia Barreto, Nelson Alirio Sosa Moreno e Ismael Adrián Muñoz.

Tiene que ver con la aprobación del Acuerdo 01 del 2.012 –el primero presentado por el ex Mandatario mencionado y aprobado en la Corporación-, mediante el cual los concejales autorizaron el pago de una Prima Técnica a la cual no tenían derecho.

Este el Acuerdo 01 del 2012 mediante el cual crearon la asignación y reconocimiento de la prima técnica a los servidores públicos de la administración de Sibaté y se dictan otras disposiciones.

Sin embargo y a la luz de normas superiores, concretamente lo previsto en los decretos Nº 1661, 1624, 1016 y 2164 de 1991 al igual que lo previsto en  los decretos 1724/97, 1335/99, 1336/2003  y  2177/2006, no son aplicables a los empleados públicos del Nivel Territorial; en otras palabras no operan para ningún funcionario del orden departamental o municipal –incluyendo concejales, diputados y congresistas- y solo permite a profesionales altamente calificados y bajo condiciones especiales.

La imagen ofrece parte del texto de la disposición en la cual se hace categórica precisión sobre en cuales casos y a quienes está dirigida la denominada Prima Técnica. En texto resaltado advierte que "no eson aplicables a empleados públicos del Nivel Territorial", es decir y para este caso, los concejales y alcalde.

Sobre la aparente irregularidad advirtió el entonces concejal Gustavo Guerra López; dijo en sesiones del 27 de febrero de ese año -2.012- según  consta en las actas de las deliberaciones de esa fecha, que de ser aprobado el proyecto se incurriría en una falta grave, prevención a la cual se le hizo caso omiso.

Para esa ápoca ya se había presentado un caso similar en Floridablanca, Santander; el llamado solo fue acatado por el ex concejal Luis Alberto Valero González quién hizo salvedad de voto.

Más adelante y tomando como argumento el mismo Acuerdo el alcalde Ramiro Orlando Ramírez Prieto se auto asignó la misma prima igual al 30% de su asignación básica mensual con retroactividad.

Más fuerza a la demanda en contra de los ex concejales y el ex alcalde la imprime lo previsto en una sentencia del Consejo de Estado del 19 de marzo de 1998, declarando nulo el Articulo 13 del decreto 2164 de 1991, mediante el cual se facultaba a los Gobernadores y Alcaldes para adoptar mecanismos para la Prima Técnica de nivel Territorial.

Agrega la misma Corporación en sentencia del 17 de julio del 1995  que estos no son Derechos Adquiridos sentando jurisprudencia respecto a que las Primas Técnicas no son aplicables para empleados públicos de nivel territorial es decir departamentos ni municipios.

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