En Silvania un crédito de la Alcaldía con más preguntas que respuestas.

Cundinamarca

Aunque el tema contiene varias aristas que alcanzan proyectos como las nuevas instalaciones del Colegio Santa Inés, el plan de vivienda social, la compra del predio El Cortijo –no se sabe concretamente para qué y por cuanto- y la adquisición de lotes –aún sin ubicar- para las plantas de tratamiento de aguas residuales, el meollo lo constituye la autorización para que el alcalde contrate millonario crédito. La totalidad de la propuesta, de concretarse, conllevaría a que se perdieran $350 millones de pesos ya invertidos en el Colegio Santa Inés y, además, destruiría el, tal vez, más importante renglón de la economía local: el turismo. También golpearía, al mediano y largo plazo, los ingresos tributarios.

 

Informe Especial

Unidad Investigativa Día a Día.

La forma como fue tramitada en el Concejo Municipal la autorización para que el alcalde Jorge Sabogal contrate un préstamo por 5  mil millones de pesos, según las quejas ya en poder de la Procuraduría Regional (o provincial) Fusagasugá, mediante Acuerdo entregando facultades al ejecutivo local, contendría serios vicios de legalidad.

A ello habría que sumarle un inconveniente de orden financiero: el municipio quedaría literalmente “empeñado”, es decir sin ninguna o mínimas posibilidades de desarrollar nuevas obras hacia el futuro teniendo en cuenta que muy buena parte de sus ingresos tendrían que ser destinados a pagar la deuda; tampoco podría contratar nuevos créditos durante 7 años.

Los temores y sus conclusiones corresponden a una evaluación adelantada por un grupo de ciudadanos quienes, finalmente y a través de una veeduría, pidieron a la Procuraduría medir los alcances e implicaciones de todo lo anterior.

Esta es la historia: por iniciativa del alcalde Jorge Enrique Sabogal Lara, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 02 en sesión cumplida en 18 de agosto del año pasado, autorizando al mandatario para que contrate un crédito y pignore rentas que permitan formalizar la operación bancaria.

La suma del préstamo serían 5 mil millones de pesos con los cuales serían financiados varios proyectos, entre ellos la compra de El Cortijo ubicado en zona urbana, al igual que para adquirir “predios para saneamiento básico” los cuales aún no han sido ubicados –estos últimos-  y, en consecuencia, tampoco se sabe su costo y conveniencia técnica.

La imagen muestra con claridad lo aprobado por el Concejo de Silvania; evidencia que no hay suficiente explicación en cuanto a la destinación específica del crédito.

Una parte de las dudas consiste en que la aprobación de este  Acuerdo muy posiblemente  transgredió varios aspectos legales. Su discusión y aprobación se dio en agosto del 2.016 sin tener en cuenta varios aspectos consignados expresamente dentro de las disposiciones legales.

Para esa fecha el municipio solo podía endeudarse o contratar créditos hasta “por $3.390.758.000” con “una capacidad máxima residual de pago de interés de $1.243.619.000”; en otras palabras el préstamos no podía ser superior a los $4.700 millones –sumados los intereses- pero, sin embargo, el alcalde Sabogal y el Concejo (o quienes lo votaron) violaron normas taxativas que imperan para este tipo de operaciones financieras que comprometen dineros públicos.

Como lo confirmó a este portal de noticias el alcalde Sabogal -él mismo lo indicó a este medio de comunicación- se encuentra tramitando el crédito ante el Bancolombia por $5 mil millones.

En otras palabras el Concejo y el Alcalde  no podían, por ninguna razón y a la luz de la Ley 819 del 2.003 y el Decreto Reglamentario 696 de 1.988, autorizar y contratar un préstamo por ese monto como ocurrió.

La advertencia fijando límites para la operación fue comunicada al Alcalde Sabogal por el Director de Finanzas Públicas de la Gobernación de Cundinamarca, Germán Rodríguez Gil, en nota remitida el 25 de mayo del año pasado; su contenido también fue remitido al Concejo lo cual indica que todos estaban enterados de la posible irregularidad.

Esta gráfica confirma que tanto el alcalde Jorge Sabogal como el Concejo de Silvania conocían que el municipio tenía como límite un endeudamiento aproximado a los $4.500 millones; es decir que no podía endeudarse por $5 mil millones como lo hicieron.

Por su parte tanto el mandatario como el coadministrador le dieron otra interpretación: que para el análisis debía tenerse en cuenta todo el período o tiempo en el cual se iba a pagar el préstamo. Así y con ese argumento el municipio hubiese podido contratar un crédito muy superior incluso hasta por $10 mil millones; y hasta más.

En opinión de expertos en derecho administrativo y asuntos contables lo anterior no tiene sentido. “¿Si ello fuese cierto entonces para qué consultar lo dispuesto por la Ley 819 del 2.003 y el Decreto Reglamentario 696 de 1.988?”, se preguntan y responden.

Agregan que quienes aprobaron este Acuerdo podrían estar incursos en extralimitación de funciones con todas y sus implicaciones –responsabilidades- penales y administrativas.

Sabogal Lara también justifica la decisión indicando que para nivelar los de los topes que permiten el préstamo el municipio y el Concejo deben adelantar esfuerzos tributarios a lo largo de los próximos años; mejor dicho deben aumentar de manera importante los ingresos hacia futuro para nivelar lo dispuesto por las normas; “significa que Silvania no ha reunido las condiciones para tramitar el crédito”, explican e insisten los mismos analistas.

Lo anterior podría confirmar que, en efecto, se estaría cometiendo una irregularidad.

También significa lo anterior que los próximos alcaldes tendrían que dedicar esfuerzos –casi que exclusivamente- a conseguir los dineros para cancelar el préstamo, asunto que se extendería a lo largo de los próximos siete años mientras dure la obligación si finalmente Bancolombia autoriza el préstamo; o corre el riego de aprobarlo.

Las posteriores administraciones no tendrían mínimas posibilidades de tramitar nuevos préstamos y solo se dedicarían a pagar las deudas dejadas por Sabogal.

Una cosa más en opinión de los analistas: el préstamo estaría violando también lo dispuesto sobre explicaciones o justificaciones –exposición de motivos- en cuanto a la destinación específica. El Acuerdo no lo indica con claridad. Entonces ¿por qué? ¿Se está improvisando? ¿Se oculta algo? A estas alturas, por ejemplo, nadie sabe oficialmente cuánto vale el Cortijo, por cuanto se está negociando, asunto que debería estar explícitamente consignado en el Acuerdo 02 del año pasado.

Colegio.

El préstamo se encuentra atado a proyectos no claramente especificados;  los 5 mil millones que suministraría el Bancolombia financiarán la compra del predio conocido como El Cortijo ubicado a la ribera del río Subia al igual que adquisición de lotes para levantar las plantas de agua residuales, PTAR.

El asunto es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser  el destino del primero; tampoco se tiene la menor idea de en donde estarán ubicados los segundos y cuál es su costo.

Algunos sectores observan con preocupación que allí -al Cortijo- sea trasladado el proyecto encaminado a construir la nueva sede del Colegio Santa Inés, hoy ubicado en zona de riesgo al lado del río Subia, razón por la cual debe ser trasladado.

Sucede que esta propuesta, la cual sería desarrollada en un predio adquirido durante el gobierno de Jorge Guevara en un sector aledaño a los condominios, ya se encuentra bien avanzada y solo resta cumplir los últimos trámites dirigidos a alcanzar la asignación de dineros que requiere la obra; unos $15 mil millones para comenzar la construcción, proceso que quedó paralizado, según parece, de forma inexplicable.

Ya fueron invertidos cerca de $350 millones girados hace varios años por la Gobernación de Cundinamarca. Con esa suma se pagaron los estudios y diseños de la moderna planta física en propuesta desarrollada por la Universidad Nacional, cuyas instalaciones serían levantados en dos niveles sobre un par de hectáreas.

Consta de 45 aulas, 2 auditorios, 1 ágora, 2 polideportivos, baterías sanitarias, biblioteca y otras unidades que completarían la novedosa y única edificación académica, por su concepción, de cuantas existen en el país: tendría pleno ambiente ecológico o ambiental. No hay otro de ese tipo en Colombia.

Su diseño cumple con todo lo dispuesto en la norma técnica 4595 que deben seguir las autoridades y entidades territoriales para construir colegios.

Todo ello se vería retrasado, aplazado o frustrado si se cumplen los temores de importante sector de la comunidad. Estos apuntan a que el alcalde Sabogal Lara y sus aliados en el Concejo –los 10 concejales que la votaron- tienen intenciones de trasladar ese proyecto al Cortijo lo cual quiere decir que se pierde el tiempo y los $350 millones ya invertidos en la organización del proyecto que hoy se encuentra avanzando en un 70 u 80%.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es el hecho de que el concejal Jorge Guevara esté apoyando esta iniciativa cuando fue él quien, como alcalde, compró los terrenos en donde se proyectó la construcción del Santa Inés. ¿Por qué cambió de parecer?

Turismo.

Lo más delicado –y antilógico desde el punto de vista comercial de acuerdo a los analistas- es que en ese lote donde está proyectada actualmente la nueva sede del Santa Inés en inmediaciones de los condominios, sería destinado a la construcción de un programa de vivienda de interés social.

Para los expertos ello sería craso error por cuanto se golpearía de manera letal el renglón más importante de la economía local: el turismo. Sería apenas natural que los inversionistas y actuales propietarios de predios en el sector vean afectada de manera importante la valorización de sus bienes. Ello le representaría una baja significativa a los ingresos del municipio en materia de impuesto predial en el mediano y largo plazo. Nadie volvería a  compran en la zona.

Sobre el particular fue indagado el alcalde Sabogal; dijo que el cambio de destino del actual predio para el colegio Santa Inés es facultad del Concejo, mejor dicho sus aliados en el Cabildo. En realidad fue evasivo y no quiso concretar la respuesta. Entonces quedó la duda de si, en realidad, es cierta la intención de llevar al Cortijo las instalaciones del centro educativo lo cual quiere decir, indudablemente, que se pierden $350 millones de los contribuyentes ya invertidos en los estudios mencionados arriba.

Igualmente y teniendo en cuenta los espesos y paquidérmicos trámites oficiales tendrían que pasar por lo menos otros 10 años para que la comunidad educativa vuelva a tener las posibilidades de contar con una nueva sede como la proyectada. Eso sin tener en cuenta lo complicado que resulta tramitar dineros para el proyecto. Los niños y jóvenes hoy seguirían expuestos a las eventualidades de río Subia; continuarían igual: en peligro frente un desastre natural.

Y como si fuera poco el municipio tendría que comenzar a tramitar recursos asunto que sería muy difícil teniendo en cuenta que, con el préstamo, agotaría totalmente la posibilidad de contratar créditos para la nueva obra.

Otros interrogantes: ¿Por qué no se construye el proyecto de vivienda en el Cortijo? ¿Por cuánto se está negociando este predio?

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