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Mar, Oct

Vía libre a consulta popular para decidir actividad petrolera en Arbeláez.

Cundinamarca

El Tribunal  Administrativo de Cundinamarca encontró Ajustada A la Constitución la realización del procedimiento para que sea la misma ciudadanía quién determine si se autoriza o no actividades de “sísmicas exploración, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos”. A comienzos de año, en febrero, Cabrera, también en el Sumapaz y Cundinamarca, acudió a la figura rechazando la posibilidad de que se adelante en su territorio las mismas actividades. (Ver:  Cabrera negó posibilidad de adelantar explotación minera en el municipio.)

 

En su decisión la Sección Primera, Subsección B de la mencionada instancia judicial, advierte que la pregunta deberá ser clara de tal forma que evite confusiones dentro de los ciudadanos que acudan a participar en el proceso, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 136 de 1.994.

Dice en lo pertinente: “Artículo 52°.- Forma del texto que se someterá a votación. Las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas de forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un  “SI” o un “NO”.

El trámite para convocar la consulta fue emprendido por el alcalde Jorge Alberto Godoy Lozano el 3 de marzo pasado solicitando del Tribunal un concepto previo sobre la constitucionalidad de la consulta popular propuesta para ser realizada en Arbeláez.

Aunque el Ministerio de Minas y Energía no ha confirmado sobre proyectos en ese sentido si se sabe que la canadiense Alange Enegy se encuentra interesada en adelantar procesos de exploración; incluso ya les tiene nombres: Cor 33, Cor 4 y Cor 39.

En la mira de la multinacional para adelantar exploración minera igualmente se encontrarían Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Cundinamarca, e Icononzo, Tolima.

Los ambientalistas han sido Férreos opositores a la intención de adelantar actividades de este tipo bajo el lema de que ello conduciría a la devastación del rico y único ecosistema del Páramo del Sumpaz afectando de manera grave la producción de agua.

Ahora le corresponde a la Registraduría iniciar los preparativos y procesos correspondientes y es probable que la consulta se desarrolle entre septiembre y octubre próximos.

La ponencia sobre el pronunciamiento le correspondió al magistrado Oscar Armando Dimaté.

 

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