La operación que encarceló a ex Alcalde de Sibaté.

Cundinamarca

Aunque de manera preventiva y mientras se adelanta el juicio que decida  responsabilidades,  el Juez Primero Municipal o de Garantías  de Soacha, a quién le correspondió el caso, ordenó medida de aseguramiento preventivo en contra del ex mandatario de Sibaté Uriel González. Es acusado de presunto peculado por apropiación y prevaricato por acción, entre otros señalamientos, originados mediante la creación de una E.P.S municipal  en salud sin cumplir con los trámites de ley según la Fiscalía.

 

La decisión que llevó al ex mandatario a la cárcel La Picota  el pasado 6 de marzo  también podría comprometer a los 13 concejales de la época, quienes igualmente estarían incursos en el mismo episodio  ocurrido hace 8 años de acuerdo a las acusaciones.

El proceso estuvo a punto de prescribir este 2.016 por vencimiento de términos pero fue reabierto a escasos dos o tres meses del máximo plazo legal para que se mantuviera vivo.

La historia es esta: En el 2.009 el entonces alcalde Uriel González Vargas presentó al Concejo de su ciudad, Sibaté, el proyecto mediante el cual buscaba crear una Empresa Social del estado que atendiera los servicios de salud.

Cumplido el proceso de socialización el presidente de la Corporación por esos días, Carlos Velandia Barreto, asumió la responsabilidad de argumentar la ponencia para su inmediato trámite el cual se desarrolló sin mayores complicaciones.

Así el coadministrador, por unanimidad, aprobó la creación de la empresa mediante Acuerdo 005 del 2.009 tras lo cual la administración municipal tramitó un crédito por $3.500 millones que le permitiera operar a la nueva Empresa Social del Estado. Varias voces le advirtieron al entonces Alcalde y a los mismos concejales sobre los impedimentos –la ilegalidad- que todo ello tenía.

Con esos antecedentes, luego, la Gobernación de Cundinamarca comenzó a revisar lo actuado siguiendo el interés de establecer si en realidad lo hecho era legítimo; existían dudas por cuanto ese municipio no se encuentra certificado en salud y a luz de la Ley 715 del 2.001, en consecuencia, no podía crear su propia empresa como ocurrió.

Presentó las demandas ante el Tribunal de Cundinamarca y allí se confirmó que, en efecto, Sibaté no podía implementar su ESE de primer nivel, razón por la cual la Secretaría de Salud departamental no autorizó su operación; acudió a procedimientos legales a fin de anular el Acuerdo ya mencionado.

A esas alturas ya estaban en plena marcha las operaciones de la empresa que, según la Fiscalía, no pudo desarrollar el objeto de su misión; en otras palabras no pudo  contratar en debida forma por cuanto no encontró la autorización de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Entonces comenzó al descalabro financiero.

Paralelamente fueron iniciadas acciones judiciales con el propósito de establecer si existieron responsabilidades frente al revés económico, jurídico y administrativo que afectara los intereses del municipio.

Sin embrago  este caso quedó prácticamente congelado en alguno de los escritorios de la administración de justicia; ya casi iba a prescribir y fue en ese momento cuando el ex concejal de Sibaté, Gustavo Guerra López, se propuso averiguar sobre la suerte del expediente. Acudió a varias instancias incluso ante la Judicatura en donde presentó una queja contra el Fiscal que tenía el caso por cuanto, estimó, no estaba cumpliendo como le correspondía.

Así  logró que el expediente fuera puesto nuevamente sobre el escritorio de la justicia, gestión que el pasado 6 de marzo comenzó a dejar nuevos resultado: el ex alcalde Uriel González fue encarcelado de manera preventiva.

Durante la diligencia el nuevo Fiscal asignado al caso presentó una serie de pruebas las cuales resultaron convincentes para el Juez; se escuchó, por ejemplo, una grabación en la cual el actual presidente del Directorio Conservador de Cundinamarca, Alirio Navarrete, habla sobre el tema con el alcalde acusado Carlos Velándia. Incluso hacen referencia “al Senador” con quién “hay que hablar”;  en esa sesión no fue identificado.

En medios cercanos al caso se supo que los trámites ante la justicia seguirán con el propósito de que se llegue al fondo del asunto, circunstancia por la cual no se descarta que en el curso de los próximos día o semanas también sean llamados los 13 concejales  que aprobaron el acuerdo en referencia, al igual que a quienes, de una forma u otra, hayan intervenido en el caso.


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