Contraloría investiga contrato sobre conectividad en Cundinamarca.

Cundinamarca

Luego de un análisis a una negociación entre la Secretaría de Educación seccional y la firma Anditel S.A.S que buscaba convertir al departamento en territorio digital, la Contraloría dijo haber encontrado hallazgos fiscales que comprometería recursos por el orden de los  16 mil 472 mil millones de pesos o parte de ellos. El convenio pretendía posicionar a Cundinamarca dentro de los cinco mejores digitalmente en plan que culminaba el año pasado.

 

También incluían las metas alcanzar más  de mil instituciones educativas y 80 centros de salud del departamento beneficiando a 200 mil estudiantes como mínimo dentro del primer caso y otro tanto en el segundo.

El proyecto fue impulsado por la entonces secretaria de Educación, Piedad Caballero al igual que por su colega de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Luis Carlos Mejía Díaz y de Salud, Germán Augusto Guerrero Gómez quienes fijaron un plazo de un año para implementar el programa.

Los trabajos consistían en implementar y poner en funcionamiento el servicio de conectividad de la Red Social de Datos, “última milla rural”, eje digital de Cundinamarca con el mundo, que permitiría que  la población  especialmente de las áreas rurales, se beneficiara de zonas wifi de alta velocidad y portales interactivos, mediante los cuales accederían a procesos de formación, capacitaciones virtuales, y telemedicina, entre otros servicios.

Siguiendo el proceso de evaluación la Contraloría realizó una encuesta a 244 rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento, el 28 de abril del año en curso, en la que se indagó sobre la prestación, alcance y calidad del servicio de internet durante los años 2014-2015, estableciendo que: el 70.08% no accede a servicio, el 24.29% lo califica de regular y el 42.86% deficiente. Sólo 5 rectores manifestaron que obtuvieron conectividad y servicio de internet aceptable.

Ante ese escenario ese organismo dio curso a la Dirección de Investigaciones Fiscales del organismo de Control sobre el presunto hallazgo fiscal por valor de $13.417.292.229, pago reportado a la fecha de la auditoria del total contratado.  También solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen lo respectivo.    

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