Procuraduría apela fallo contra esposa del ex Gobernador Cruz de Cundinamarca.

Cundinamarca

Considera el Ministerio Público que  la pena, 35 meses, impuesta contra la abogada Zoraida Rozo Barragán, cónyuge del encarcelado ex mandatario del departamento, Álvaro Cruz Vargas, no es “acorde con lo que hizo”. El recurso fue presentado ante el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento.

 

La revisión, radicada por  la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, alega que el castigo por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio requiere mayor castigo en este caso, por tratarse de una persona conocedora de la Ley como corresponde a  la abogada Rozo Barragán.

Para el Ministerio Público la rebaja del 50% otorgada no se ajusta a los principios de individualización de la pena, como los de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, “ya que compete al juzgador atender el marco legal dispuesto y enviar a la sociedad un mensaje ejemplarizante con base en una pena justa y proporcional a lo cometido”.

Luego de celebrada audiencia de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento el pasado 30 de noviembre en el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la abogada se allanó a los cargos por dicho delito.

En el sustento del recurso de apelación, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales dejó claro que “no resulta razonable la pena impuesta a la esposa del exmandatario, puesto que no es acorde con lo que hizo, encontrada responsable, porque no se puede dejar de un lado que se trata de hechos graves cuando la enjuiciada pretendió evitar que la Fiscalía utilizara algunos elementos materiales probatorios en contra de su cónyuge y ocultó los mismos, valiéndose de terceros”.

Finalmente recuerda lo doloso del comportamiento de la procesada, quien aceptó los cargos imputados, ya que conocía de que se trataba todo aquello que ocultó y que eran elementos materiales probatorios que podrían ser usados en contra de su esposo dentro del proceso que se le adelantaba por el denominado “carrusel de la contratación” en Bogotá.

 

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