Los “malos olores” que rodean al Procurador que sancionó a ex rector de la UdeC.

Cundinamarca

Sobre una “olla podrida” estaría sentado, o estuvo sentado, el agente del Ministerio Público para la Economía y la Hacienda, Rafael Guzmán Navarro, el mismo agente que profirió una sentencia contra Adolfo Polo Solano, de acuerdo a una nota que la Revista Dinero publicó hace ya varios meses  en donde se pone en duda la actuación del mencionado debido a que habría pedido “una comisión” para favorecer al entonces alcalde de Ibagué, 2.008 – 2-011, Jesús María Botero, en una investigación que se adelantaba en su contra.

 

Informe especial:

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Esta es la historia según se desprende de la publicación titulada ¿Gato encerrado? difundida por el importante medio de comunicación en su versión a través de internet;  toma como punto de partida una solicitud de investigación contra Guzmán Navarro formulada al propio Alejandro Ordoñez por el veedor Interno del organismo de control, Samuel Ricardo Perea Donado.

Perea Donado plantea la posibilidad de abrir investigación contra su delegado para la Economía y la Hacienda, es decir Guzmán Navarro, por “supuesto cobro de coimas y enriquecimiento ilícito” con fundamento en quejas entregadas por el abogado y ex congresista Rubiel Orlando Espinosa Triana.

De acuerdo a la queja el cuestionado habría propuesto intervenir con el propósito de “revocar el fallo mediante el cual la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz Meza, destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas a Jesús María Botero Gutiérrez, alcalde de Ibagué de 2008 a 2011”.

A renglón seguido la publicación advierte sobre la posible existencia de un carrusel de la contratación que tuvo como eje a la empresa comercial e industrial del Estado Banco Inmobiliario Gestora Urbana y que habría causado perjuicios a la ciudad, -Ibagué-  por más de $50.000 millones. La decisión fue apelada y la de segunda instancia está pendiente desde octubre del año pasado (2.012).

Insiste la nota periodística que  el procurador delegado Guzmán Navarro, oriundo de Ibagué, “habría visitado la ciudad para hablar con Botero y allegados suyos para decirles que él podría mover las influencias necesarias para que el fallo fuera revocado”.

“Esa es una actitud –asegura el excongresista Espinosa Triana– habitual en él. Su costumbre de pedir coimas para meter mano en los expedientes lo ha sacado de pobre”, subraya.

Las cosas fueron más allá y el veedor Espinosa anunció la entrega de pruebas sobre enriquecimiento ilícito de Guzmán. Éste habría adquirido millonarias propiedades las cuales no hubiese podido alcanzar con el sueldo que devengaba en la Procuraduría: $24 millones.

Constató Dinero que, en efecto, Guzmán adquirió varias propiedades tanto urbanas como rurales entre ellas  una casa -$2.600 millones-  en el complejo conocido como Hacienda San Simón, en inmediaciones de Guaymaral, a pocos metros de la Autopista al Norte de Bogotá. Justificó la compra indicando que la había efectuado mediante crédito con el Fondo Nacional del Ahorro; aseguró que la operación la realizó acudiendo a las cesantías como ex congresista.

Otro punto que fue puesto en duda lo constituye el hecho de que sus dos hijos -17 y 15 años- viajaran con frecuencia a los Estados Unidos para acudir a clases de tenis cuyos desplazamientos debían ser, obviamente, asumidos por Guzmán con los mismo $24 millones que devengaba en la Procuraduría -hizo recordar a los Nule-.

Sobre las acusaciones en torno a la presunta intervención en el caso del ex alcalde Botero de Ibagué indicó que  “no tendría como influir en el caso porque no soy segunda instancia en procesos contra alcaldes de ciudades capitales. Esa es una versión falsa propalada por personas que, como el ex congresista Espinosa, se empeñan en cazar peleas con personas que cobran alguna relevancia. Espinosa la ha tomado en contra mía desde que le dije que no podría ayudarle a conseguir un cargo en la Procuraduría porque yo no soy nominador allí”.

Poco tiempo después, sin mayores explicaciones, el Procurador General Alejandro Ordoñez, lo apartó de las investigaciones inicialmente dejadas en manos de Guzmán.

El comportamiento de Guzmán Navarro no había sido vuelto a cuestionar hasta cuando, el 2 de septiembre del año pasado, Caracol Televisión nuevamente hizo referencia a la lujosa mansión del agente del Ministerio Público.

“La polémica mansión del procurador delegado para la Economía y Hacienda Pública”, tituló el medio la nota en cuestión agregando que “El inmueble de Rafael Guzmán Navarro, avaluado en 1.600 millones de pesos, genera suspicacias ante denuncias en su contra por corrupción”. 

Palabra más palabra menos en ese mismo sentido e insinuando dudas sobre la moralidad de  Guzmán se pronunció El Espectador un día antes, en decir el primero de septiembre último.

Por ahora no se conoce el resultado o resultados de investigaciones que permitan aclarar si el mencionado está incurriendo en hechos de corrupción como lo aseguran los denunciantes.

Sin embargo, por todo lo anterior, quedan en duda las decisiones tomadas por Guzmán sancionado a varios funcionarios entre ellos el hoy ex rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo Polo Solano.

* Foto tomada de la Revista Dinero

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