Condenado alias “Romaña” por toma de Venecia, Cundinamarca.

Cundinamarca

A 36 años de prisión fue condenado el comandante de las terroristas Farc, Henry Castellanos Garzón, como en realidad se llama, al igual que  a Yesid Aguilar Garzón, alias Abel Garzón, por la sangrienta incursión que dirigieron contra esa población en mayo de 1.997. En esa oportunidad asesinaron a sangre fría al agente de la Policía Luis Abel García Pachón y el gerente del Banco Cafetero del municipio Carlos Eduardo Mogollón Castro por negarse a abrir la caja fuerte de la oficina que dirigía.

 

De la misma forma acribillaron en la calle a los hermanos  Julio César y Martín Alfonso Figueredo Hernández, señalándolos de ser informante del Ejército.

Además, durante el ataque, perpetrado con armas de largo alcance y material explosivo, los subversivos causaron daños a numerosos inmuebles, tanto públicos como privados y se apropiaron de dinero de la Caja Agraria y el Banco Cafetero.

En la sentencia el juez precisó que el ataque a la población de Venecia, no se encuentra enmarcado en el delito de rebelión de las FARC, para hacer notar sus actos rebeldes “a través de tomas y hostigamientos armados a poblaciones, como ataques a las fuerzas policiales y militares con las consecuentes pérdidas de vidas humanas producto de la confrontación, lo cierto es que en esta caso resultaron muertos tres civiles y no producto de del cruce de disparos ni de un caso fortuito, (…) pues las pruebas demuestran que los hermanos Figueredo Hernández fueron sacados de sus domicilios y en vía pública los subversivos les propinaron tiros de gracia para segar su vida”, mientras que el gerente del banco por rehusarse a abrir la bóveda “fue víctima de torturas físicas con múltiples cortadas en su humanidad con arma cortopunzante, para posteriormente ultimarlo con tiros de arma de fuego”.

Por esa razón los administradores de justicia impuso la pena por el delito de homicidio agravado contra los dos terroristas, al igual que al pago de 50 salarios mínimos legales vigentes al momento de su cancelación a favor de los herederos de las víctimas o de quien acredita tener derecho para tal fin, como perjuicios morales en consideración.

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