Cundinamarca estaría “embolatándole” 16 mil millones de pesos a Zipaquirá y Soacha. (I)

Cundinamarca

La cifra aproximada fue calculada por expertos y corresponde a numerosas gestiones de tránsito; el tema es bien delicado y podría terminar enredando al  gobernador Jorge Rey Ángel toda vez que la Secretaría de Movilidad del departamento no ha querido atender perentorias órdenes, instrucciones y advertencias que tanto la Procuraduría como el Ministerio de Transporte le han extendido a lo largo de los últimos meses.  Tiene que ver con la negativa  del departamento en entregarles las carpetas de los vehículos matriculados en esos municipios por voluntad de los usuarios, cuando allí operaban oficinas de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca.

 

Informe especial. (Primera entrega).

El asunto que alcanza tonos grises, más bien oscuros, fue puesto al descubierto por la Unidad Investigativa de El Tiempo en su página web el 13 de septiembre del año pasado suministrando datos sobre un contrato suscrito en tiempo record, 24 de agosto del 2.015,  firmado 6 días después de la renuncia del entonces gobernador Álvaro Cruz Vargas, quién se apartó del cargo para asumir su defensa por el caso del carrusel de la contratación en Bogotá lo cual despierta suspicacia.

La “almendra” del asunto consiste en que se trata de un millonario negocio cuyas utilidades, un 25%, son para la organización privada que hoy maneja algunos procesos en la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, buena parte de los cuales perdería con la implementación de las secretarías de Movilidad en Zipaquirá y Soacha en donde se encuentran matriculados la mayoría de vehículos del departamento.

“Lupa al último contrato del gobernador Álvaro Cruz” tituló el medio de comunicación resaltando que el consorcio Circulemos Cundinamarca 2015 –conformado por las firmas CGA Technologies (con el 25 por ciento) y Data Tools (con el 75 por ciento)- se ganó el concurso efectuado de manera acelerada por fuera de la tradición e incluso de los plazos acostumbrados aunque dentro de los términos legales. Era entonces secretario de Movilidad Andrés Díaz.

“El contrato fue suscrito el 24 de agosto (seis días después de que Cruz renunció) por la Secretaría de Tránsito. Si bien aparece por 2.467 millones de pesos, compromete recursos por 23.000 millones de pesos. Ese monto equivale al 25 por ciento de lo que se recaude por trámites de tránsito, e irá a las arcas del contratista”, anota la publicación insistiendo en que ese porcentaje corresponde al consorcio.

También advierte que tanto la Procuraduría como la Fiscalía revisan el tema –en esa época- subrayando en que para esos organismos llama la atención el hecho de que el consorcio en cuestión fue el único proponente al igual la celeridad con que se estructuró y entregó la licitación, licitación que igualmente se elaboró en tiempo record a manos de “firma Asesorías y Consultorías Integrales de Proyectos (Proyecta S. A. S.)”. Le dieron plazo “inicial de 8 días para elaborar la estructuración, y dos meses y 22 días para armar el proceso licitatorio”.

Hasta acá no puede entenderse el afán del hoy ex gobernador Cruz por adjudicar el contrato. La pregunta es ¿Por qué? ¿Tenía algún interés? ¿O fue iniciativa del su secretario de Movilidad Andrés Díaz?

Más extraño resulta el hecho de que, dice El Tiempo,  “La apertura del proceso fue en 23 de julio a las 3:09 de la mañana. Y la audiencia de asignación de riesgos, el 24 de julio a las 6:57 de la tarde. Y el plazo legal para presentar observaciones se redujo a 12 horas hábiles, porque se atravesó un fin de semana”.

En otras palabras ninguna empresa, por eficiente que sea, puede organizar los documentos tan exigentes en una licitación de tamaña envergadura, salvo que tuviese conocimiento previo de ellos y de las condiciones especiales a cumplir.

Además, de acuerdo a la misma publicación, las autoridades, es decir Procuraduría y Fiscalía, mostraron interés en consultar otras firmas potencialmente interesadas en la licitación a fin de establecer si vieron vulnerados sus derechos pero, sobre todo, de si existió alguna ventaja por el hecho de que Data Tool viniera ejecutando el mismo contrato.

Fue entonces, con esa publicación de El Tiempo, cuando el gobernador (e) Guillermo Rivera Flórez, el 22 de septiembre del año pasado, hiciera pública su decisión de entrar a investigar el caso tras lo cual “tomaría decisiones” según le indicó a ese mismo medio informativo.

“Gobernador (e) de Cundinamarca ordena revisar contrato de Álvaro Cruz” tituló la nueva pieza agregando que la Procuraduría y la Fiscalía indagan sobre la celeridad con que se estructuró y entregó la licitación.

Rivera dijo a los periodistas que “Apenas vi la publicación de EL TIEMPO me interesé en el tema. Quiero saber cómo se adjudicó y a quiénes, antes de un pronunciamiento oficial”.

La misma nota agrega que  “Andrés Díaz, secretario de Transporte, le dijo a este diario que no superaba los 23.000 millones de pesos. Pero EL TIEMPO tiene en su poder un análisis económico que indica que el contratista obtendrá como mínimo 41.800 millones de pesos por la operación de la concesión”.

Todo lo anterior muestra la magnitud de los dineros que se mueve en ese “negocio”, buena parte de cuyos ingresos los generaban las oficinas de Movilidad de Cundinamarca  en Zipaquirá y Soacha, suma que ahora le deben ingresar a esas ciudades teniendo en cuenta que ya cuentan con sus propias Secretarías de Movilidad; también los pierde el contratista.

Ante ese escenario es que los alcaldes de esas ciudades inician trámites encaminados a exigir que el departamento, mejor dicho la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, le entregue las carpetas de los vehículos matriculados en esos municipios por voluntad de sus propietarios a quienes, de hecho,  le están vulnerando sus derechos.

En las próximas entregas www.noticiasdiaadia.com suministrará más detalles de un proceso en el cual ya intervinieron la Procuradora Delegada Fanny González Velasco y el propio Ministerio de Transporte dándole razón a Zipaquirá y Soacha en sus reclamaciones las cuales, a la fecha, no ha querido cumplir la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca.

Sobre el particular este portal de noticias quiso consultar a la actual secretaria de Movilidad, Jeimmi Villamil, quién no ha atendido la solicitud; sí lo hizo el anterior titular de ese despacho, Andrés Díaz, quién respondió que el tema debe ser tramitado ante su sucesora.

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